El Gobierno sabía que necesitaba hacer algo frente al goteo de rebajas de penas y excarcelaciones que está provocando desde el pasado noviembre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Aunque la postura pública y unitaria de los socios de coalición ha sido la de una defensa cerrada de la norma —”la ley es sólida”, se repite—, “desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”, confirman la mañana de este sábado fuentes del Gobierno. El Ejecutivo sabe, en todo caso, que las grietas en la parte penal del texto no pueden ser ya taponadas: una vez la ley entra en vigor no se puede hacer nada, las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar.
“Hemos constatado algunos efectos indeseados y conocemos y compartimos la preocupación social ante este tema. Abordar con responsabilidad esta situación requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico”, añaden, y aseguran que la modificación, que no concretan, será acordada entre los socios de Gobierno, “con plena sintonía”. “Somos conscientes de esta situación y queremos contribuir juntos a resolverla trabajando de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”.
En año electoral, la legislación más importante para la protección de las mujeres de los últimos 20 años tras la ley de 2004, la de violencia de género, se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo por el colador en el que se ha convertido la parte penal de ese texto. El Gobierno sabe que ese problema estructural no puede ser reparado a estas alturas. Una vez que la ley entro en vigor, no se puede hacer nada respecto a las revisiones de condena a la baja y las excarcelaciones. Sin embargo, quieren intentar acotar, a futuro, las consecuencias. ¿Cómo? La forma aún no está cerrada. Pero ya se ha dado el paso asumir el cambio. Ya este viernes, Montero, reticente desde el primer momento a tocar la ley porque achaca lo que está ocurriendo a una incorrecta aplicación y no a ninguna laguna del texto, aludía a ese trabajo que confirman ahora fuentes gubernamentales y que ha adelantado La Vanguardia.
En rueda de prensa tras la segunda reunión del Comité de Crisis por los asesinatos machistas que se han producido en lo que va de enero, Montero fue preguntada por las declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, y la candidata a la alcaldía madrileña Rita Maestre, de Más Madrid, que han hablado en los últimos días sobre la necesidad de un cambio en la ley. La ministra mantuvo la postura: “No vamos a hacer ninguna valoración sobre esas declaraciones, la ley del solo sí es sólida y de carácter integral que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio parlamento europeo, ofrecer la protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir, y muchas de esas críticas reconocen que es una ley sólida y necesaria”.
Y matizó que estaban “trabajando” para una “correcta aplicación” de la norma: “Lógicamente compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía ni con la propia ley del solo sí es sí y del espíritu y la voluntad del legislador, y por supuesto, precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas en hacer todo lo que está en nuestra mano y todo lo que sea necesario. Llevamos meses haciendo todo lo que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley del solo sí es sí y así seguirá siendo”.
La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre. El objetivo, que el foco para juzgar la violencia sexual dejara de estar en la resistencia que hubiesen puesto las víctimas –la diferencia entre abuso y agresión se dirimía según la violencia y la intimidación que hubiese utilizado el agresor–, y ponerlo en el consentimiento de las mujeres, libre y expresado claramente.
Para eso, el abuso desapareció y todo se unificó en agresión. Se amplió la horquilla de penas, para recoger en un solo tipo (agresión) todas las posibilidades y castigar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos –por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, pasó de los seis a los cuatro años—, y algunas de las máximas –como la agresión sexual sin ningún agravante, que paso de cinco a cuatro años–. Esos cambios en el Código Penal conllevaron una obligación para con los agresores ya condenados establecida en la Constitución y en el propio Código Penal: aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados con la nueva ley.
Y ese “trabajo” al que se refiere Montero que llevan meses haciendo, comenzó a mediados de noviembre, cuando empezaron las primeras rebajas de penas y las primeras excarcelaciones tras las revisiones de condenas. Alcanzan ya la veintena de presos en la calle y casi 300 las reducciones de condena.
Esto, que desde el Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior y desde cualquier posición del Gobierno se ha repetido que “no era la voluntad del legislador”, provocó sorpresa y alarma social, ataques en el Parlamento por parte de la oposición —Carla Toscano, de Vox, llegó a llamar a Montero “libertadora de violadores” en el hemiciclo—, y tensión entre los socios de coalición, sobre todo entre Igualdad y la parte socialista del Ejecutivo, que además arrastraban ya la batalla interna que ha provocado la llamada ley trans.
A pesar de esa tirantez dentro de la coalición, durante los dos últimos meses se ha mantenido una defensa de la ley en bloque por parte de ambos socios. Una unidad necesaria para un Ejecutivo que se enfrenta este año a elecciones locales, autonómicas y poco después, a las Generales.
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